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Martes, 05 Julio 2016

Presidente de la Cámara de Diputados y Presidente de la Comisión de Justicia de ese hemiciclo, Palacio del Congreso, Ciudad.

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Honorables Diputados:

Muy cortésmente, nos dirigimos a ustedes en ocasión de externar nuestra opinión técnica notarial, sobre la no procedencia del Proyecto de Ley sobre Notariado, presentado al Congreso Nacional únicamente por el Dr. Mariano Germán Mejía, y no por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Bajo la consideración de esa Honorable Comisión, al efecto tenemos a bien presentar nuestra opinión en torno al mismo de la manera siguiente, a saber:

1.- Que el Tribunal Constitucional está apoderado de varios recursos de acción directa de inconstitucionalidad, por lo tanto, lo sensato y racional desde nuestra humilde opinión era aguardar el fallo para actuar conforme lo disponga el Tribunal Constitucional. Discutir en este momento una modificación a la Ley 140-15, desconociendo de antemano cual será la posición del Tribunal Constitucional, no sería lo aconsejable, crearía un precedente funesto para toda organización o persona que resulte favorecido o no por la aprobación de una Ley en el Congreso Nacional, sin dejar de reconocer que es una facultad exclusiva del Congreso Nacional, elaborar las leyes en beneficio de la nación.

2.- Al examinar el contenido conceptual y el propósito Legislativo del Proyecto de Ley Notarial del Dr. Mariano Germán Mejía, y confrontarlo con la Constitución de la República, pudimos constatar que la Iniciativa Legislativa a que se refiere la Suprema Corte de Justicia, que dicho sea de paso, carece de iniciativa en materia Notarial, su iniciativa se refiere limitativamente a asuntos judiciales, así lo establece el contenido literal del artículo 96, en su Ordinal tres (3) de la Carta Magna de la Nación, que textualmente dice así, citamos: ”Articulo 96.- Iniciativa de Ley: Tienen derecho a iniciativa en la formación de las Leyes, Ordinal 3), La Suprema Corte de Justicia en materia judicial”.

Sobre el Anteproyecto de Ley del Magistrado Dr. Mariano Germán Mejía, después de un análisis ponderado, hemos llegado a las conclusiones siguientes:

a.-Ese Anteproyecto elimina una de las facultades fundamentales del Notario Tipo Latino, que es un presupuesto indispensable para garantizar la seguridad jurídica, que es la Fe Pública, delegada por el Estado Dominicano, que por el Principio de Inmediación las partes deben firmar en presencia del Notario.

b.- El Anteproyecto de Ley del Magistrado Mariano Germán Mejía, ha incurrido en el desatino, de copiar en “menos de un mes” el contenido conceptual de la Ley 140-15, que llevó varios años socializándose en el Congreso Nacional, colocando de manera indistinta los mismos artículos y los Principios que la sustentan, el referido Anteproyecto excluye, elimina la Fe Pública Notarial, que es una de las características fundamentales y distintivas del Notariado de Tipo Latino, instituida desde la derogada Decreto-Ley 301 de 1964, que es garantizar la Seguridad Jurídica, que otorga la Ley 140-15 a la Sociedad Dominicana por intermedio del notario público, dicho Anteproyecto reduce y limita la Fe Pública a los actos bajo firma privada en contra de la fuerza probante Erga Omnes de las Actas Auténticas, el susodicho Anteproyecto de Ley, donde la Ley 140-15, señala la palabra Acta, éste coloca la palabra acto, (que significa acto bajo firma privada) es contrario a la Fe Pública delegada por el Estado a favor de

los Notarios y Notarias para Instrumentar Actas Auténticas, y con ellos garantizar la seguridad jurídica de la Nación.

c.- Que un cuidadoso examen del referido Anteproyecto de Ley, éste elimina la obligatoriedad de la presencia de las partes ante el Notario Público al momento de legalizar la firma de un documento, lo que constituye un evidente atentado contra la Fe Pública delegada por el Estado a favor del Notario o Notaria, el Anteproyecto es contrario a las conquistas obtenidas por la sociedad Dominicana en la Ley 140-15, cuando deja a la libre oferta y demanda, el cobro de los Honorarios, ya que establece una tarifa absurda y desactualizada, sin ningún parámetro de medición técnico, conforme el Índice de Precios al Consumidor, según el Banco Central y el Código Tributario, dicho Anteproyecto de Ley es un atentado a la Seguridad Jurídica de la República, y un atentado al ejercicio de la facultad de amigable componedor del Notario Público y de la Notario Público, a fin de desjudicializar la solución de múltiples conflictos de intereses privados, condicionado a que la actuación Notarial este fundamentada en la autonomía de la voluntad de las partes, por mandato del contenido del Artículo 1134 del Código Civil Dominicana.

d.- El supra indicado Anteproyecto de Ley, se opone a que el Notario Público de la jurisdicción territorial donde se encuentre el inmueble objeto de un negocio jurídico, sea el que instrumente el Acta Auténtica contentiva del negocio jurídico de dicho inmueble, es decir, que un notario de cualquier jurisdicción pueda instrumentar Acto que involucren inmuebles de cualquier jurisdicción de la República, en detrimento de los notarios de la jurisdicción donde se encuentre el inmueble objeto del negocio jurídico, ya que la función notarial se refiere a la jurisdicción para la cual fue nombrado el notario.

e.- El Anteproyecto de Ley del Magistrado Mariano Germán Mejía, la Organización sin Fines de Lucro (Finjus), y la Asociación de Bancos Comerciales, e Instituciones financieras, de forma inexplicable anulan la Escuela Nacional de Capacitación Notarial (ECANOT), anulan el manejo  de    los  Fondos Públicos a favor del Colegio

Dominicano de Notarios, (El 75% de los notarios dominicanos están en la tercera edad, y reciben asistencia del plan de ayuda de Colegio de Notarios), hacen una distribución discriminatoria a favor del Consejo del Poder Judicial, (Que dispone de Presupuesto Público), anulan la participación de la Procuraduría General de la República, como policía de la profesiones liberales, cuando le niegan la participación en la validación de las firmas y la inspección en los protocolos notariales, los procuradores fiscales, que visitarán una vez al año, por lo menos, las notarías de sus jurisdicciones para verificar el estado del archivo notarial, en cuanto al orden, seguridad y verificar si cumplen con las disposiciones de la ley 140-15, respecto al protocolo y al Libro Índice. De estas visitas rendirán informe al Procurador General de la República, algo sencillamente inaceptable, anulan la participación exclusiva de la Cámara de Cuentas en la fiscalización de los fondos públicos de la Ley 140-15, anulan el doble grado de jurisdicción para conocer de las infracciones disciplinarias, civiles, administrativas y penales cometidas por el notario (a) en el ejercicio de sus funciones, y más aún, elimina las filiales del honorable Colegio Dominicano de Notarios en todas las Provincias y Municipios de la República. Este Anteproyecto elimina la mayoría simple para la conformación de las Asambleas Generales del Colegio Dominicano de Notarios, elimina la Ley de Eficiencia Recaudatoria, cuando ordena la creación de un sello notarial a la DGII, en detrimento del Recibo Notarial de cien 100 pesos, elimina también el cobro del recibo notarial a las Cámaras de Comercio y Producción en los documentos notariales establecido en la derogada Ley 89-05, que mantiene la Ley 140-15 del 2015, asimismo este Anteproyecto impone un Reglamento de aplicación de las sanciones disciplinarias, civil, penal y administrativa por las faltas cometidas por el notario en el ejercicio de la función notarial, dentro del mismo Anteproyecto de Ley, algo que es inoperante, porque lo ideal sería un Reglamento de aplicación conforme a la Ley y al principio del doble grado de jurisdicción.

     f.- El anteproyecto de Ley elimina el artículo 51 de la Ley 140-15, sin aportar el motivo, ese anteproyecto conspira con la Fe Pública delegada por el Estado Dominicano a favor de los Notarios y notarias, impone en cuanto al fondo el Notariado Tipo Sajón, donde el notario no requiere la condición de abogado, cualquier persona puede ser notario,(comerciante, taxista, farmacéutica, etc.) legaliza firmas sin ver las partes firmar en su presencia, y pretende destruir la independencia del Colegio Dominicano de Notarios y la solidaridad gremial con los notarios (as) de la República Dominicana, al eliminar las 30 filiales del Colegio Dominicano en todo el país, propiciando con ello la inseguridad jurídica.

     g.- Dicho Anteproyecto de Ley le quita funciones al Ministerio de Relaciones Exteriores, cuando establece un régimen disciplinario y administrativo por encima de su Ley Orgánica en lo que se refiere a los Cónsules.

h.-El referido Anteproyecto extingue el procedimiento establecido en la derogada decreto Ley 301 del 1964, y que permanece en la Ley 140-15 del 2015, y donde se establece la forma de subastar el protocolo notarial, y según el referido Anteproyecto le da el privilegio a la Suprema Corte de Justicia, para adjudicar dicho protocolo a tres (3) notarios señalados por ella, según la íntima convicción de la Suprema Corte de Justicia. Esto es un privilegio irritante y carente de transparencia.

Es evidente y está fuera de toda duda razonable, que al examinar el contenido conceptual citado, nos obliga a concluir que dicho Anteproyecto de Ley del Magistrado Mariano German Mejía, no es viable, no es sustentable, no es racional, sería catastrófico para la seguridad jurídica nacional, al eliminar la más notable y sensible conquista de la ciudadanía comunidad Notarial de la Republica en más de 51 años, resulta inexplicable y penoso que elimine la Escuela Nacional de Capacitación Notarial (ECANOT), toda vez, que el éxito del futuro de una nación o de un sector

de la sociedad está fundamentado en la Educación, es responsabilidad exclusiva del Colegio de Notarios la actualización educativa de los Notarios y Notarias y la formación de los abogados y abogadas aspirantes a Notarios (as), somos de opinión que la Suprema Corte de Justicia, deberá conservar la facultad de otorgar la autorización para el ejercicio de la Función Notarial, y en esas atribuciones podrá realizar el examen o los exámenes que estime pertinentes, previo al Decreto que deberá dictar el Poder Ejecutivo contentivo del Exequátur para el ejercicio de la función de Notario o Notaria Publico.

En lo relativo a la iniciativa del Diputado Lic. Alexis I. Jiménez G. Diputado al Congreso Nacional Provincia Santo Domingo, PRM. Sobre el proyecto de Ley que modifica la Ley 140-15 del que rige al Notariado e instituye al Colegio Dominicano de Notarios, somos de opinión que:

Que si la Ley 140-15, va a tener algunas modificaciones, deben tener en cuenta que dicha ley, va a cumplir un año de promulgada, y como bien se expresó el Presidente de la Cámara de Diputados, el Dr. Abel Martínez Durán, “en fecha 7 de octubre del 2014, que todo aquel que pueda aportar alguna modificación, debía de hacerlo en el momento oportuno para beneficiar a los ciudadanos y ciudadanas en ocasión de la seguridad jurídica que la ley implica”, por tales razones, no nos oponemos a tales modificaciones, ya que esta ley fue aprobada por la mayoría de los diputados y diputadas de esa Honorable Cámara de Diputados en el ejercicio legítimo de sus atribuciones.

Por esto, honorables diputados y diputadas sometemos a vuestra consideración el presente escrito, abogando por la aplicación de la mejor de las razones para que en la República siga imperando el Estado de Derechos fundamentales y con ello la Seguridad Jurídica, que es la meta de toda sociedad civilizada y democrática, ha de ser que el ciudadano viva en un correcto estado de seguridad jurídica lo que le garantiza el ejercicio pleno de sus derechos y el cumplimiento de su deber.

Solo podríamos obtener garantizando el ejercicio de la función notarial dentro del marco de la Institucionalidad del Estado, actuando en nuestra calidad de presidente del Colegio Dominicano de Notarios en nombre y representación de los 7,994 Notarios y Notarias de la República Dominicana.

Dr. Pedro Rodríguez Montero

Presidente del Colegio Dominicano de Notarios